AC7710-2017

Radicación n. º 11001-02-03-000-2017-01630-00


Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil diecisiete (2017)


Decide la Corte el recurso de queja interpuesto por BOL INVERSIONES S.A.S. y PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA, MINERIA Y MEDIO AMBIENTE –INMINE S.A.S contra el auto de 30 de marzo de 2017, mediante el cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla negó concederles la impugnación extraordinaria de casación que formularon en relación con la sentencia de segunda instancia emitida el 3 de marzo de 2017 en el asunto de la referencia.


I. ANTECEDENTES


1. Bol Inversiones S.A.S. y Proyecto de Infraestructura, Minería y Medio Ambiente –INMINE S.A.S convocaron a juicio ordinario de declaración de pertenencia a Pablo Obregón & Compañía S en CS, Rolant Hywel Hugues Williams, Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica SA- ESP –en liquidación-, como propietarios inscritos del inmueble de mayor extensión, dentro del cual se encuentra el predio pretendido en usucapión.


El inmueble objeto de la pretensión se encuentra ubicado en la Carrera 12 B Nº 64D-21 Barrio Nuevo Milenio del Municipio de Soledad- Atlántico y cuenta con un área de 936.838 Mts.2. A su vez, el predio de mayor extensión cuenta con un área superficiaria de 2.538.45 Mts.2 y con el número de matrícula inmobiliaria Nro. 040-259698 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla


2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad culminó la primera instancia con sentencia de 02 de Junio de 2016, en la cual acogió las súplicas del pliego inicial.


3. Apelada por los demandados, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla la revocó el 03 de marzo de 2017; y, en su lugar, denegó las súplicas de la demanda.


4. Inconformes con lo resuelto, los accionantes interpusieron recurso de casación, al cual adjuntaron dictamen pericial conforme a la facultad otorgada en el artículo 339 del Código General del Proceso.


El ad-quem denegó la concesión del recurso extraordinario mediante proveído del 30 de marzo de 2017. (fls. 8 a 10). Explicó, en sustento de su determinación, que en el experticio aportado por el recurrente «…[n]o se encuentra el sustento del perito para arribar a la conclusión relativa al precio del inmueble». Informó que a pesar de que el auxiliar concluyó que el valor real del predio con la inclusión del establecimiento de comercio, ascendía a la suma de mil ochocientos veinte millones de pesos ($1.820.000.000.oo), resulta que no aportó los documentos enunciados en su informe como fuentes del avalúo, tales como «a) el comparativo del mercado, b) la consulta con la revista (Arrendamos y vendemos), c) El estrato Socio-económico, d) El informe de otras revistas y periódicos y e) El residual (potencial del lote)»; y, tampoco allegó cotizaciones que sirvieran de soporte a la afirmación según la cual realizó «averiguaciones en los diferentes almacenes y empresas que ofrecen la venta de bienes similares a estos, pero nuevos»


De esta manera entonces, consideró que como la finalidad del experticio es la obtención del precio real del inmueble a la fecha de la sentencia censurada, el dictamen allegado no cumple con tal propósito en tanto que no podía limitarse a una descripción detallada del bien y la zona en que se encuentra.


5. El 28 de abril último, el Tribunal no acogió la reposición que la parte actora formuló contra la precitada providencia y ordenó reproducir algunas piezas procesales para surtir el remedio invocado subsidiariamente (fls. 11 al 13).


II. EL RECURSO DE QUEJA


1. El mandatario de los promotores adujo que el tribunal realizó una serie de análisis subjetivos para cualificar el valor probatorio del dictamen, y por esta vía lo desconoció, sin tener en cuenta que por ser rendido por un auxiliar de la justicia, supone que se trate de personas idóneas, rompiendo con ello la armonía del Código General del Proceso.


Esgrimió, en ese contexto, que la norma es mandatoria en ordenar la decisión de plano en la concesión del recurso extraordinario, sin argumentaciones farragosas, limitándose el juzgador de segundo grado a cotejar que la cuantía determinada por la experticia, sea concurrente con el límite para recurrir en casación.


Señaló, en resumen, que «al despacho de segunda instancia, no le corresponde realizar análisis subjetivos, de ningún orden, en esta etapa procesal, ya que el texto literal de la norma es clara en precisar que su juicio procede de plano, ya que quien determina finalmente, si admite o inadmite el recurso mediante un estudio de fondo, es la Corte Suprema de Justicia…»


2. Fijada en lista la queja, la contraparte guardó silencio (fl.4).


3. Por auto del 12 de septiembre de 2017 se solicitaron copias adicionales conforme la previsión del artículo 353 ibídem, mismas que se allegaron al plenario y militan en los folios 8 a 13 de este cuaderno.


III.        CONSIDERACIONES


1. De conformidad con lo previsto en el artículo 352 del compendio normativo que se ha señalado pertinente, esto es, el Código General del Proceso, el recurso de queja procede contra el auto que deniega el de casación, razón por la cual es necesario precisar que la competencia de esta Corporación se restringe a examinar si ese pronunciamiento, ratificado al desatar la respectiva reposición, estuvo ajustado a la ley.


2. Cumple recordar, entonces, que dentro de los requisitos del aludido mecanismo, el artículo 334 ibídem dispone que procede, entre otras sentencias, contra las dictadas en toda clase de procesos declarativos; y, el artículo 338 señala que cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, el mismo procede cuando el  «…el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 SMLMV)», que traducidos a pesos en 2017 ascienden a setecientos treinta y siete millones setecientos diecisiete mil pesos ($737.717.000).


A propósito del interés para recurrir, esta Corporación tiene dicho que


(…) está supeditado al valor económico de la relación jurídica sustancial concedida o negada en la sentencia; vale decir, a la cuantía de la afectación o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resolución que le resulta desfavorable, evaluación que debe hacerse para el día del fallo; aunque, cuando la “sentencia es íntegramente desestimatoria, se determina a partir de lo pretendido en el libelo genitor o su reforma”. Lo anterior significa que, si la sentencia es totalmente desestimatoria de las pretensiones del actor, su interés para recurrir en casación estará definido por lo pedido en la demanda; pero, si aquella  sólo  acoge parcialmente lo reclamado por el demandante, la medida del aludido interés estará dada por la desventaja que le deriva la decisión. En ese orden de ideas, entonces, cuando el fallo fue favorable al actor, y el de segunda instancia lo revoca, ha sido criterio constante de la Sala que el interés para recurrir en casación se circunscribe al “beneficio ganado en primera instancia que es revocado por el Tribunal, puesto que es lo que efectivamente pierde con la decisión de segundo grado (CSJ AC, 5 sep. 2013, Rad. 00288-00, reiterado en AC1698-2015).


3. Para la determinación del interés para recurrir, la nueva regulación procesal prevé que “…su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión” (artículo 339).

4. En el caso analizado, el agravio que la sentencia de segunda instancia ocasiona a la casacionista se circunscribe al valor de mercado que para la fecha de la sentencia de segunda instancia tenía el inmueble materia de litigio.


Pues bien, en ejercicio de la facultad contemplada en la anterior norma, al formular el recurso de casación la parte actora allegó un dictamen pericial cuyo resultados arrojaron como valor total del predio más la inclusión del establecimiento de comercio allí ubicado, un total de mil ochocientos veinte millones de pesos ($1.820.000.000.oo).


Este dictamen pericial aportado por el recurrente, debe cumplir con los requisitos contemplados en el artículo 226 de la misma codificación, misma que no exige que el experto esté enlistado en la relación de auxiliares de la justicia de que trata el artículo 48 numeral 1º del Código; pues, en la medida en que la modificación traída por el citado Código, dispone que el dictamen debe ser aportado por las partes en las oportunidades probatorias, bastará entonces que cumpla con las exigencias contempladas en el capítulo correspondiente a la regulación de este medio de prueba, dentro del cual no se exige que se trate de un experto  cuyo nombre repose en la lista oficial de auxiliares de la justicia. Esa, y no otra, es la razón por la cual no está enlistado en el numeral 1 del artículo 48 del CGP, siendo que, en el numeral 2º prevé que «Para la designación de los peritos, las partes y el juez acudirán a instituciones especializadas, públicas o privadas, o a profesionales de reconocida trayectoria e idoneidad»


De esa manera entonces, el hecho de que en el caso particular, el perito que rindió el dictamen con el que se acompañó el recurso extraordinario se encuentre en la lista de auxiliares de la justicia, se trata de una cuestión accidental, y no por ello, el ad quem se releva de la auscultación de los requisitos formales para la debida incursión de ese medio de prueba en el proceso, así sea para los precisos efectos de determinar la cuantía del interés para recurrir.


5. Teniendo claro lo anterior, se hace preciso entonces determinar si el dictamen aportado por el recurrente, cumplió o no con los requisitos señalados en el artículo 226 del CGP para, a partir de ahí, determinar si resultaba idóneo para los efectos propuestos, vale repetir, determinar la cuantía del interés para recurrir a este medio extraordinario.


Reza el artículo mencionado, in extenso


Art. 226. Procedencia. La prueba pericial es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos.

Sobre un mismo hecho o materia cada sujeto procesal solo podrá presentar un dictamen pericial. Todo dictamen se rendirá por un perito.

No serán admisibles los dictámenes periciales que versen sobre puntos de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 177 y 179 para la prueba de la ley y de la costumbre extranjera. Sin embargo, las partes podrán asesorarse de abogados, cuyos conceptos serán tenidos en cuenta por el juez como alegaciones de ellas.

El perito deberá manifestar bajo juramento que se entiende prestado por la firma del dictamen que su opinión es independiente y corresponde a su real convicción profesional. El dictamen deberá acompañarse de los documentos que le sirven de fundamento y de aquellos que acrediten la idoneidad y la experiencia del perito.

Todo dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; en él se explicarán los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones.

El dictamen suscrito por el perito deberá contener, como mínimo, las siguientes declaraciones e informaciones:

1. La identidad de quien rinde el dictamen y de quien participó en su elaboración.

2. La dirección, el número de teléfono, número de identificación y los demás datos que faciliten la localización del perito.

3. La profesión, oficio, arte o actividad especial ejercida por quien rinde el dictamen y de quien participó en su elaboración. Deberán anexarse los documentos idóneos que lo habilitan para su ejercicio, los títulos académicos y los documentos que certifiquen la respectiva experiencia profesional, técnica o artística.

4. La lista de publicaciones, relacionadas con la materia del peritaje, que el perito haya realizado en los últimos diez (10) años, si las tuviere.

5. La lista de casos en los que haya sido designado como perito o en los que haya participado en la elaboración de un dictamen pericial en los últimos cuatro (4) años. Dicha lista deberá incluir el juzgado o despacho en donde se presentó, el nombre de las partes, de los apoderados de las partes y la materia sobre la cual versó el dictamen.

6. Si ha sido designado en procesos anteriores o en curso por la misma parte o por el mismo apoderado de la parte, indicando el objeto del dictamen.

7. Si se encuentra incurso en las causales contenidas en el artículo 50, en lo pertinente.

8. Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de los que ha utilizado en peritajes rendidos en anteriores procesos que versen sobre las mismas materias. En caso de que sea diferente, deberá explicar la justificación de la variación.

9. Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de aquellos que utiliza en el ejercicio regular de su profesión u oficio. En caso de que sea diferente, deberá explicar la justificación de la variación.

10. Relacionar y adjuntar los documentos e información utilizados para la elaboración del dictamen.



Los requisitos que echó de menos el tribunal para negarle el mérito probatorio al dictamen aportado por la parte, se hicieron consistir en la ausencia de anexos que permitiera conocer la fuente de las conclusiones a las que llegó el experto.


Sostuvo el ad quem que se determinó como fuente del avalúo «a) el comparativo del mercado, b) la consulta con la revista (Arrendamos y vendemos), c) El estrato Socio-económico, d) El informe de otras revistas y periódicos y e) El residual (potencial del lote)»; sin que se aportara documentos soportes de tales afirmaciones. Agregó que tampoco allegó las cotizaciones que dijo tener en cuenta, como soporte a la afirmación según la cual realizó «averiguaciones en los diferentes almacenes y empresas que ofrecen la venta de bienes similares a estos, pero nuevos»


Se contrae la Sala entonces, en esta oportunidad, a determinar si los soportes de tales conclusiones, comportaban o no un requisito formal de este medio de persuasión, mismo cuyo control en su recaudo, sí corresponde realizar al juez de segundo grado.


Determinada entonces la confrontación que ha de realizarse, es claro que con base en la norma citada in extenso, los anexos del dictamen deben ser aportados para otorgar la fuerza de convicción que se requiere.


Dice la norma en comento que «[E]l dictamen deberá acompañarse de los documentos que le sirven de fundamento y de aquellos que acrediten la idoneidad y la experiencia del perito» aunado a que se debe  «Relacionar y adjuntar los documentos e información utilizados para la elaboración del dictamen.»


Aclarado entonces que los anexos sí comportan un requisito formal en la aportación de este medio de persuasión, debe concluirse que, tal como lo dijo el tribunal de instancia, en los anexos aportados por el experto elegido por el recurrente para determinar la cuantía del interés para recurrir, se echaron de menos estos soportes; y, sin ellos, no es posible otorgar mérito probatorio a la experticia.


Y ello es así, pues con el dictamen sólo se aportó el certificado de matrícula inmobiliaria del bien (fls 1 y 13); escrituras públicas relacionadas con el inmueble en cuestión (fls.14 a 43); relación técnica de linderos y copia de tarjeta profesional y cédula del topógrafo que lo suscribió (fl.44 a 46); plano del predio (fl.47); resoluciones de curaduría por medio de las cuales se concedió licencia urbanística (fls. 48 a 54); estudio de suelos (fls.55 a 115); y registro fotográficos (fls. 117 a 131)


Es así como, estos anexos no podían constituir el soporte de las conclusiones a las que llegó el experto para determinar que el predio objeto del juicio de pertenencia, se encontraba avaluado comercialmente para la fecha de emisión de la sentencia de segunda instancia, en la suma indicada en sus conclusiones, pues ninguno de ellos apoyan la conclusión. Y, sin ellos, se restaba el mérito probatorio del dictamen que le permitieran al tribunal tener como cumplida la demostración de la cuantía para recurrir en este recurso extraordinario.


6. No puede considerarse, como lo sostiene el recurrente en queja, que al tribunal sólo le compete conceder de plano el recurso sin ninguna consideración acerca del dictamen pericial aportado para demostrar el justiprecio del interés para recurrir, pues el sentido de esta expresión en la norma, no es otro que el de obviar el trámite de la contradicción del medio de persuasión, sin que signifique ni por asomo, que al juez ad quem le esté vedado realizar valoraciones acerca del mismo, pues como se dijo, es preciso que el dictamen cumpla con la totalidad de los requisitos formales contemplados en el artículo 226 citado, mismos que no fueron observados en este asunto.


7. En suma, como el dictamen aportado por el censor no satisfizo los requisitos formales para soportar las conclusiones a las que llegó, ha de concluirse que la decisión del ad quem estuvo ajustada al no existir prueba idónea que fijara el interés económico de afectado con la sentencia.


Y que no se diga que competía al tribunal decretar prueba de oficio para tal menester, pues ha dicho esta Sala sobre el particular que


…[E]l artículo 339 del Código General del Proceso señala que cuando para la procedencia del recurso sea indispensable fijar el interés económico afectado con la sentencia, “su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio obrantes en el expediente”, aunque “el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario”, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión (negrillas fuera de texto).


       Como se ve, siguiendo la orientación filosófica que lo inspira y la misma teleología irrigada en todo el sistema oral que profesa la nueva normatividad, la ley procesal de ahora traslada la carga directamente al interesado, en cuanto ya no es el juez propiamente quien ha de ordenar la práctica de una prueba pericial para establecer la dimensión del interés, en caso de no aparecer establecida en la actuación.


       En la actualidad, en litigios de este linaje, donde se debaten intereses eminentemente privados, con mayor razón siguiendo la preceptiva ahora vigente, sin reticencia alguna corresponde al opugnador allegar el medio de convicción, si a bien lo tiene; desde luego, si se sustrae de hacerlo, “deberá” el Juzgador establecerlo “(…) con los elementos de juicio que obren en el expediente” (art. 339), con las consiguientes consecuencias (…)


Es claro, al ad quem no se le puede reprochar por haber procedido de esa manera, si a ello lo manda la ley, pues aquel precepto le ordena al efecto tener en cuenta, únicamente, los elementos de juicio obrantes en el plenario y, dentro del marco de su autonomía para valorar, el peritaje que allegase el recurrente con el escrito a través del cual interponga el recurso de casación, si lo suministra. (CSJ AC 2908, 10 may. 2017).


Ahora, en cumplimiento del deber de establecer el justiprecio para recurrir con los elementos de juicio que obren en el expediente, tampoco se avizora que se colme, en tanto que el avalúo catastral del predio no es apto para estos menesteres, además que tampoco suple la cuantía requerida, sin que obre alguna otra información que permita concluir que el avalúo comercial del inmueble supera los 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la interposición del recurso extraordinario de casación.


8. En consecuencia, se declarará bien denegada la casación, sin condena en costas porque no hubo intervención de la parte demandada que justifique su imposición.


III. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, RESUELVE declarar bien denegado el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 3 de marzo de 2017 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla dentro del proceso ya referenciado.


Sin costas.


Devuélvase lo actuado a la Corporación de origen. Ofíciese.



Notifíquese,




ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Magistrado